**Dirige recomendación a Gobernador Cuitláhuac García y a Verónica Hernández, Fiscal General del Estado
**La víctima fue torturada para aceptar la presunta comisión de un delito
Por Oliver Coronado Paz
A través de un comunicado publicado en su portal web[1], la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) aseguró que agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) cometieron violaciones graves contra los derechos humanos de una mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz.
En el texto, donde informa que por estos hechos se emitió la Recomendación 51VG/2022, detalla la CNDH que el pasado 17 de noviembre de 2020 una madre de familia presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, en la que manifestó su hija había sido detenida por policías en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y posteriormente trasladada a Veracruz, en cuyo trayecto fue golpeada y amenazada. De la misma manera asegura el documento que por la gravedad del caso, el Organismo Nacional ejerció su facultad de atracción e inició la investigación correspondiente.
“La víctima manifestó que el 6 de noviembre de ese mismo año, mientras acudía a comprar pan en compañía de sus hijos, fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco”, se puede leer en el comunicado de la CNDH.
Asimismo se detalla que al llegar a las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz fue revisada por un médico quien omitió asentar las lesiones que la mujer tenía como resultado de los golpes recibidos durante su traslado a la ciudad de Xalapa, y de la agresión sexual cometida en su contra por parte de uno de los agentes ministeriales. La víctima, según consta en el expediente, continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo.
El Órgano Autónomo acreditó en su investigación, a través de diversos tipos de pruebas especializadas, que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.
“Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”, afirma el dictamen.
También se asevera en ese documento que tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo también vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que “indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.
Por ello, la CNDH solicitaal gobernador de Veracruz, entre otras cosas, inscribir a la persona afectada en el Registro Estatal de Víctimas; evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño y colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que esta Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos.
Por su parte, a la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns se le solicitó reparar integralmente el daño causado a la víctima, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades, entre algunas cosas más.
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