Por Oliver Coronado Paz
El confinamiento por la contingencia sanitaria que se vive en el país y en estado de Veracruz, ha cobrado la vida de al menos 18 mujeres, según afirman los colectivos Marea Verde y Cihatlahtolli, quienes informaron que, de ese número, nueve de ellas fueron asesinadas dentro de sus domicilios y en dos de los casos, el victimario fue la pareja sentimental.
Denunciaron, en conferencia de prensa ofrecida la mañana del 19 de mayo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que, delante de este panorama de violencia, las mujeres tan solo han recibido como respuesta la negación de dicha problemática por parte del Ejecutivo Nacional, y la incapacidad del Estado para responder de manera clara con sus responsabilidades de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en este tiempo de contingencia.
Además, resaltaron, de acuerdo con cifras proporcionadas por la ONU, la violencia hacia las mujeres ha aumentado hasta en el 60 por ciento; y que si alguna víctima quiere iniciar un proceso contra su agresor, solo podrá presentar su denuncia y alcanzar mínimas medidas de protección, pues, para dar continuidad a las diligencias correspondientes a dicho proceso, deberá esperar que la contingencia sanitaria concluya, toda vez que por el momento se encuentran todos los servicios periciales suspendidos.
Por lo tanto, refieren las integrantes de los colectivos, la única manera en que, por el momento, las agresiones a mujeres tengan consecuencia inmediata, es que se encuentre al victimario en flagrancia del delito y sea detenido.
Sobre las víctimas que antes de la contingencia ya tenían un proceso legal en contra de su agresor, las activistas afirmaron que dichos procesos se mantienen paralizados, sobre todo los que tienen que ver con guardia y custodia de los hijos. Lo anterior, aseguran, deviene en faltas a los derechos humanos de las denunciantes.
En ese mismo tenor, comentaron que, si bien es comprensible por la situación de salud por la que atraviesa el país, se esté procurando evitar aglomeraciones en los tribunales, también es cierto que el Estado no ha implementado estrategias eficientes que permite la tecnología y/o plataformas virtuales, que permitan la realización de audiencias.
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