Es común percibir que la situación social cada día está más deteriorada. Los programas que implementan los gobernantes no son suficientes para revertir la problemática social que vive el país. Pero porqué sucede esto, qué causas generan esta problemática. Veamos algunas razones, tomadas de investigadores, que pueden dar luz a lo que está sucediendo.
Los derechos sociales fueron reconocidos legalmente en México a principios del siglo XX, cuando se incorporaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; y estos fueron: educación, trabajo y seguridad social, que quedaron estipulados en los artículos 3°, 27 y 123.
Algunos investigadores atribuyen la inclusión de estos derechos en la Constitución, al movimiento político social, o sea, como fruto de la revolución, ya que en el proceso constituyente comenzaron a surgir las ideas de la distribución equitativa de la riqueza. Pero otros piensan que, dichos derechos, se integraron porque formaban parte del proyecto económico de finales del siglo XIX, herencia porfirista, que ponía su confianza en tres mercados: trabajo, tierra y dinero.
Sin embargo, en la Constitución de 1917, el derecho a la seguridad social (artículo 123) quedó establecido solamente de forma incipiente y como enunciado, y reducido a los asalariados y sus familias.
Ahora bien, el trabajo institucional más acorde al contenido social de la Constitución del 17 comenzó con el cardenismo. A partir de este momento se comenzó a implementar la educación, de la que habla el artículo 3°, la propiedad y los recursos naturales, a la que se refiere el artículo 27, y el trabajo y la seguridad social, contenido del artículo 123; concentrándose la “cuestión social” en los temas: agrario, indígena, laboral y educativo.
Pero el principio revolucionario de “justicia social”, según algunos especialistas, quedó reducido al acceso universal de la educación básica y demás derechos, incluidos salud y seguridad social, como derechos del trabajador formal.
Los avances que se estaban dando en materia social se estancaron al imponerse el neoliberalismo, porque esta corriente responde al sistema capitalista. Para el capitalismo, el derecho a la seguridad social forma parte del costo de la fuerza de trabajo.
Al imponerse este sistema se da el acaparamiento y la desigualdad. Cada vez los bienes están en manos de muy pocos, y la pobreza aumenta a tal grado que en la actualidad, los que saben de estas cosas, la calculan en 83.4 % y 30.4 % en la indigencia. La pobreza día a día crece, mientras que las estructuras sociales cada vez son más desiguales.
La globalización, sostenida en el neoliberalismo, ha llevado al descuido del campo; no se le apoya. Se implementan únicamente programas de tipo asistencialista, y éstos no favorecen la producción.
Asimismo, tierras, aguas y demás recursos naturales, de los que habla el artículo 27, se han cedido a empresas extranjeras; y las leyes respectivas dejan en desventaja a sus dueños. Lo que muestra que el interés público ya no está en función del beneficio social del pueblo.
Y los derechos y beneficios de un trabajo digno, de los que también habla el artículo 27, cada vez se van reduciendo, en detrimento del trabajador y favoreciendo a las empresas empleadoras.
La reforma educativa, afirman los expertos, también tiene como referencia al capital. Porque se pretende la excelencia, pero reduccionista, economicista e inmovilizadora; alejándose de los presupuestos que menciona el artículo 3°: la educación “tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
Tampoco se percibe el interés necesario para garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, ni a la protección de la salud y sano esparcimiento, como lo formula el artículo 4.
Para justificar la reducción de beneficios sociales en favor del pueblo, los gobernantes recurren a los siguientes argumentos: 1. Se necesita reformar la seguridad social para evitar una crisis financiera; y 2. Los recursos se deben dirigir a quienes lo merecen (viudas, niños, enfermos, ancianos) y a los más pobres. Entre los programas que se han implementado están: el de adultos mayores, sólo que se les da muy poco, y el seguro popular, que es limitado y deficiente.
Ahora bien, de lo que aún queda del contenido social, es común que se use para apuntalar el triunfo electoral. Por ejemplo, vemos que se ocupan los programas para coaccionar el voto. Además, los gobernantes recurren a políticas de tipo asistencialista para legitimarse democráticamente.
Esta situación se ve agravada con la corrupción, porque gran parte de los presupuestos se quedan en la burocracia o se desvían; y, por lo tanto, no llegan al destino para el que fue presupuestado.
Lo más grave de todo, apuntan algunos, es que la política se está privatizando, porque la toma de decisiones ya no es pública, sino que los grupos de poder imponen sus proyectos para favorecer sus intereses.
La situación social actual ha provocado varios conflictos y también inconformidad por diferentes razones. Ante esto, las autoridades recurren a la fuerza pública, que cada día va en aumento; con ello afloran otros problemas, como la violación de los derechos humanos y la persecución de los defensores de los derechos humanos. La violación a los derechos humanos ha sido denunciada, incluso por organismos internacionales.
La situación del país es crítica, pero no debemos desanimarnos, necesitamos tener esperanza y unidad para buscar estrategias y tácticas precisas para hacer frente a los retos que nos presenta la realidad.