“La experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores”.
Oscar Wilde
Juan Ramón Herebia Hernández, el controvertido empresario orizabeño, el mismo que iniciara su vida pública con escándalos que en los años noventa representó líos familiares por herencia de empresa gasera, caracterizados por violencia familiar y disputa, y que por supuesta evasión fiscal emigró una temporada, sigue siendo tema de gresca.
Sin preparación profesional (pues en consulta ante SEP, carece de cédula) hacia mediados de la década anterior empezó a figurar en cargos importantes en tránsito, protección civil y policía.
Bien acomodado al formato positivista de “orden y progreso” iniciado por Juan Manuel Diez en 2007, empezó a colaborar en el proyecto de imagen turística de Orizaba, el cual para lograrse se debía sobreponer a los derechos humanos de mestizos e indígenas cuyas prácticas ordinarias no lograban “limpiar” la ciudad de la idea estética, que aunque de bisutería, buscaba demostrar otra cara de la Pluviosilla.
La vida paralela del nuevo oficio de “policía” de Herebia crecía con el despegue de la violencia y delincuencia en Veracruz de fines del Fidelherrerismo e inicios del Duartismo. Este hecho acomodaba a que el discurso municipal argumentara la seguridad de la pujante ciudad turística, pero que al no lograr contener el crimen, usaba todos sus aparatos publicitarios de comunicación social y policiacos para asegurar que vivir en Orizaba era sonreír, mientras bajo la alfombra crecía el fantasma de los desaparecidos.
Ya con la fama de representar la parte más dura del Maximato de Juan Manuel Diez, en el periodo de su sucesor Hugo Chahín, en 2011 Juan Ramón inicia el protagonismo de dos grandes hechos de agresión a los derechos humanos: el primero contra los comerciantes panaderos ambulantes y los comerciantes indígenas, sobre todo ixhuatecas sometiendo a mujeres con niños en brazos a las rudas manos policiacas que las llevaban a los separos de Tugrablock y robaban la mercancía imponiendo multas y agresiones. El segundo fue el enfrentamiento ante la madre de familia que inició la búsqueda de su hija Ruby secuestrada el 7 de septiembre de 2012: Araceli Salcedo Jiménez.
El hostigamiento policiaco contra Araceli representó visualizar a la madre procuradora de justicia como una amenaza al turismo orizabeño, así que la seguridad dirigida por Juan Ramón la hostigaba al punto de echarla del centro de la ciudad prohibiéndole que repartiera volantes donde sola y temerosa, difundía la imagen de su hija entre la población para ser localizada. Araceli no logra la solidaridad de Herebia, pero sí la de decenas de familiares que también buscaban a sus desaparecidos. La “amenaza” al proyecto turístico y mágico aumentaba, y Herebia tendría que endurecer más su “trabajo” frente a las madres transgresoras de la “magia” que venía.
En marzo de 2014, ya en el segundo periodo del autonombrado “Emperador”, fui hostigado por Herebia y este hecho fue denunciado ante la Comisión Estatal de Protección a Periodistas en ese momento dirigida por Namiko Matzumoto. Ante la incomodidad por mi trabajo como caricaturista, el hostigamiento policiaco llevó a amenazas, violencia física a colaboradores cercanos y allanamiento de mi domicilio por la policía local, por lo que tuve que salir de México.
Meses después, el 18 de octubre de 2014, ocurrió la presunta desaparición forzada de Zito Zanatta, hermano del diputado priista poblano Rosalío, el cual tras haber sido ingresado al CERESO de Orizaba por escándalo en la vía pública, tras ser liberado, frente a la inspección de policía, un comando armado lo secuestro. Aunque 8 policías fueron detenidos y vinculados al delito, Juan Herebia se puso a salvo de responsabilidad. De acuerdo al reporte del periodista Noe Zavaleta, la policía orizabeña operaba entregando detenidos al crimen organizado, como podría haber ocurrido en el caso reciente de Román y Ernesto. Este hecho generó el ingreso del Mando Único a la policía orizabeña.
El 6 de julio de 2016, el activista Jairo Guarneros quien exigiera responsabilidad policiaca ante el accidente provocado por una patrulla PA24 contra un taxi que llevó a la muerte de sus dos pasajeras, sufrió un atentado a su vida con arma de fuego afuera de su domicilio. La asociación del delito se supuso con mandos de la policía, sin embargo la investigación no tuvo evolución.
Hacia el mes de agosto de 2017, representantes de los colectivos de Derechos Humanos se reunieron con el alcalde electo Igor Rojí: en esa reunión se le pidió que Juan Ramón Herebia no continuara como representante de gobernación y jefe policiaco: Rojí negó la solicitud.
El 5 de julio de 2018, el periodista Oliver Coronado fue detenido arbitrariamente cuando se encontraba tomando fotos afuera de una empresa propiedad de Herebia. Fue privado de la libertad y dispuesto ante el jefe policiaco para un interrogatorio lleno de amenazas e intimidación, revisando sus dispositivos móviles y su seguimiento hasta el punto del representante de gobernación decirle que “estarían sus ojos sobre tu nuca”.
Pocos días después, el 12 de julio el activista ciudadano René Flores fue detenido sin motivo por la policía municipal en la patrulla PA64, mientras observaba un abuso autoritario.
Ante estos hechos, el diputado local Rogelio Rodríguez solicitó al presidente municipal Igor Rojí el cese de hostilidades de Juan Ramón Herebia. En reunión del 14 de julio en Palacio Municipal, el representante municipal defendió de toda acusación a su empleado municipal asegurando a todas luces que su permanencia seguiría, aludiendo a su experiencia policiaca, y advirtiendo que las referencias de inseguridad que los colectivos manifestaban solamente afectaba la imagen del Pueblo Mágico. Poco más de tres meses después, la decisión de cese ya era demasiado tarde.
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*Diputado suplente, XX Distrito Veracruz.