“Tanto Juan Ramón Herebia como la Policía de Orizaba han sido muy eficientes”, espetó Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, el pasado 11 de noviembre cuando en conferencia de prensa, un reportero le preguntara sobre la responsabilidad del depuesto Director de Gobernación de Orizaba en el caso de los hermanos Ernesto y Román Pérez, asesinados el 1 de noviembre por elementos encargados de la seguridad en dicho municipio.
El político, quien tiene ya un pie fuera de Palacio de Gobierno, se atrevió a asegurar que la muerte de los profesionistas a manos de los oficiales no debe empañar el buen trabajo de una corporación que, a decir de él, debe considerarse “la mejor del estado”; dicho con el cual no solo menosprecia a las demás policías locales e inclusive a la Estatal que es coordinada desde su gobierno, sino que sobre todo es una afirmación que agrede a una gran cantidad de ciudadanos de la zona de las Altas Montañas Veracruzanas, que han sido víctimas del actuar autoritario y violento de dicha instancia de seguridad, y del mismo Juan Ramón Herebia; actuar que ha sido documentado en repetidas ocasiones, tanto en información vertida por los medios de comunicación y las redes sociales, como en instancias oficiales de justicia y defensoría de los derechos humanos.
En el lamentable y terrible “espaldarazo” que el Ejecutivo Veracruzano otorga al exempresario gasero, se pretende tirar por los suelos la gran cantidad de hechos probados en los que se vincula a Herebia Hernández y a su policía, y que, por lo menos, han provocado la emisión de 13 Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz[1] (CEDHV) desde el 2011. Con el dicho del Gobernador, pareciera darse legitimidad al actuar cotidiano en contra de los Derechos Humanos en Orizaba, y en el mismo Estado; y con ello el sendero hacia la justicia emprendido por las víctimas se vislumbra mucho sinuoso y accidentado.
Con una declaración de dos minutos, Yunes Linares quiere que los veracruzanos olviden cómo se las ha “gastado” el exfuncionario orizabeño que “sobrevivió” en el poder local desde el 2000, brincando entre administraciones priístas y panistas. En esa declaración a Yunes se le “olvidó” cómo ha trabajado al margen de los derechos humanos durante años la Policía Municipal de Orizaba y su Director de Gobernación; al pueblo no, unas 6 mil almas abarrotando las calles de la ciudad de las Aguas Alegres el pasado 5 de noviembre lo comprobaron.
LO QUE SE LEE EN LAS RECOMENDACIONES DE LA CEDHV SOBRE HEREBIA Y SU POLICIA
Basta con “echarse” una lectura a algunas de las más recientes recomendaciones emitidas por la CEDHV, para encontrarnos con narraciones que muestran la insolencia, la saña y la impunidad con la que se “aplica” la seguridad pública en Orizaba.
En la recomendación 32-2018, emitida apenas el pasado 13 de julio, en la relatoría de hechos que hace el quejoso identificado por razones de confidencialidad de datos personales como V1, se lee:
“[...] que el día 16 de junio del año en curso (2017), desde muy temprano unos albañiles comenzaron a poner una barda dentro del patio donde habito, por lo mismo, demostré mi inconformidad ya que me tapaban el libre acceso a dicho patio; ante esto, una persona que se dice dueña del edificio, llamó a la policía, los cuales llegaron en una patrulla, varios de ellos se metieron al patio en cuestión y, sin motivo me detuvieron, con lujo de violencia me tiraron al suelo, me esposaron, me llevaron a la comandancia de policía de Orizaba, Veracruz, donde me tuvieron más de dos horas sin darme una explicación; incluso un policía que labora dentro de las instalaciones policíacas, en tono burlón, me dijo, “ya te voy a rapar”, debido a que tengo el cabello largo, luego de ese tiempo, un abogado supongo que trabajador del jurídico de la policía, me dijo “ya te puedes retirar” no hay delito que perseguir”.
En la citada recomendación, después de su análisis e investigación de los hechos determinó que a V1 se le violentaron, por parte de la Policía Municipal, sus derechos a la libertad y seguridad personales en relación con el derecho a la intimidad[2]. En el apartado VI, numeral 23 la Comisión expone que
“se confirma que la detención de V1 se realizó dentro del inmueble donde se encuentra el departamento en el que reside. Esto representa una franca violación al derecho a la intimidad y a la vida privada, en tanto que se desprende de la dignidad humana”.
Y al haber, la policía orizabeña, actuado fuera de las normas legales, el documento de derechos humanos subraya dentro del citado apartado, en su numeral 26:
“(…)puede afirmarse que la Policía Municipal de Orizaba, Veracruz, actuó alejada de este estándar normativo. (…) existen varias razones que desvirtúan su actuación. En primer lugar, no se encontraban realizando actos de investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito; ni contaban con un mandato emitido por la autoridad competente que justifique la detención de V1”.
En la recomendación 17-2017, emitida el 16 de mayo de 2017, el quejoso identificado como MGS relata su desafortunado encuentro con el destituido Director de Gobernación a fuera de la Comisaría de Policía de Orizaba, mientras esperaba poder ver a su padre que había sido detenido horas antes. La relatoría plasma:
“ (…) en eso llegó una Suburban que iba manejando el Señor JRH y al entrar bajó la ventanilla de su camioneta y me dijo que ¿Qué hacía aquí?, ¿Qué se me perdió? en tono amenazante, se veía muy enojado y me dijo vete de aquí, no hice caso y me di la vuelta y él continuó increpándome y se bajó un escolta y me intentó pegar con una macana (…)”
El quejoso refiere en el mismo relato, que el mencionado escolta pidió refuerzos a través de su radio, por lo que decidió resguardarse en una herrería cercana a la comisaría; pero aun así elementos policiales fueron en su búsqueda.
"(…) más tarde llegaron varias patrullas y se metieron policías (al comercio), me sacaron a golpes pues me aferré a un tubo y ahí a jalones y golpes me sacaron, me pusieron en la batea arrancaron y me golpeé en la cabeza, me llevaron a la Inspección donde me pegaron en un cuarto varios policías, incluso el mismo JRH quien les decía a los policías que me dieran duro que incluso si me moría nadie se había dado cuenta (…)así las cosas me llevaron a una celda y me raparon por órdenes del Señor JRH”.
Afirmó MGS en su queja interpuesta ante el organismo público el 8 de abril de 2017.
Ante estos hechos y después de su investigación, en la que inclusive se demostró diagnóstico falso en el certificado expedido por el médico de la Dirección de Seguridad Pública de Orizaba[3], la CEDHV determinó que la Policía Municipal de Orizaba, al mando del Director de Gobernación, que en ese momento era Herebia Hernández, atentó contra el derecho de libertad personal y el de integridad personal[4], asegurando que
“se tiene plenamente demostrado que el C. MGS, fue detenido de manera ilegal por elementos de la Policía Municipal de Orizaba Veracruz, al mando del Director de Gobernación Municipal de dicho lugar”; y además se resalta que “está demostrado que los elementos de la Policía Municipal de Orizaba, al mando Director de Gobernación de ese Ayuntamiento, hicieron uso injustificado, innecesario y arbitrario de la fuerza en agravio del hoy quejoso”[5]
En ese mismo sentido, en la recomendación 42-2016, emitida el 22 de noviembre de 2016, el mismo órgano defensor acreditó faltas en contra de los derechos humanos de un comerciante de origen indígena, a quien la instancia de seguridad local detuvo de manera ilegal y lo despojara de su mercancía; vulnerando sus derechos de libertad y seguridad personales, así como a la propiedad y la seguridad jurídica.
En el hecho que dio origen a la dicha recomendación, de nueva cuenta, según la relatoría, Juan Ramón Herebia se vió inmiscuido. El vendedor narra en el contenido de su queja que el 16 de marzo de 2016, al encontrarse charlando con un comerciante de cazuelas de barro en la calle oriente 6 entre sur 17 y 19, un vehículo se detuvo al lado de ellos; de dicho automóvil, asevera el quejoso, descendió Herebia Hernández, quien se dirigió a ellos de manera altisonante.
“ (…) Hijos de la chingada ya les dije que no pueden estar aquí, no entienden,” señalándome con el dedo me gritó “ya te lo he dicho muchas veces, yo aquí soy la ley no puedes vender” se dirigió al de las cazuelas y le dijo “a ver tu pendejo, tu eres de Ixhuatlancillo vete a vender allá o quieres que te mande a descansar y te guarde un rato cabrón, no entienden[6]”,
relató a la Comisión Estatal el originario de la Sierra de Zongolica, y afirmó que mostró a un oficial que acompañaba al Director de Gobernación el permiso que el Ayuntamiento de Orizaba, a través de la Tesorería Municipal, le otorgó para vender en la vía pública; a lo que el funcionario de Gobernación respondió: “Me vale madres”, y acto seguido llamó por radiocomunicador a patrullas municipales ordenando a los efectivos que se llevaran los productos del vendedor.
Además se señala que en el momento de los hechos, transeúntes al percatarse de lo sucedido, comenzaron a grabar el evento con sus celulares. “Y ustedes que chingados quieren, vámonos a chingar a su madre o quieren que también me los chingue y les dé bote por chismosos, vamos a chingar a su madre”, fue la respuesta del relevado funcionario al darse cuenta de que era videograbado.
Momentos después de que los elementos policiacos subieran la mercancía del comerciante a la patrulla, este fue coaccionado por Herebia para subirse a la misma con el pretexto de que en la comisaría le devolverían lo decomisado, cosa que no sucedió. Por el contrario, al llegar al recinto policial fue fichado encerrado en una celda, bajo el pretexto, según informó el mismo Juan Ramón a un conocido del detenido vía telefónica, de que se había “puesto pendejo”, además de que “estaba medio borracho, y que a él, que era el Director de Gobernación, ningún pendejo se le puede subir a las barbas”[7].
Tan solo durante ese 2016 fueron emitidas cuatro recomendaciones al Ayuntamiento de Orizaba, en las que se resalta el uso excesivo de la fuerza de elementos policiacos al mando de exfuncionario municipal; así como también se acreditaron varias detenciones arbitrarias. En tres de las mencionadas recomendaciones, se puede contabilizar que al menos 19 personas indígenas, la mayoría del municipio de Ixhuatlancillo, fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos[8]
Ya con lo arriba expuesto, que apenas es la punta del “iceberg”, queda de manifiesto que el actuar policiaco, responde a un esquema sistemático en el que ha de prevalecer el abuso de autoridad, el exceso de la fuerza y, sobretodo, el menosprecio a los derechos fundamentales de los ciudadanos: los derechos humanos.
ALGO QUE TAMPOCO SE DEBE OLVIDAR
Además de lo que ya resuelto por la CEDHV, hay que resaltar que al Gobernador saliente, en su intervención a favor del despedido funcionario orizabeño, también se le “olvidó” las denuncias públicas que defensores de derechos humanos de la región, han hecho a lo largo de los últimos años; denuncias en las que la mal llamada “mejor policía del Estado” y su “jefe” han estado involucradas.
Por poner un ejemplo, recordemos que fue también en abril de 2016 cuando, con alrededor de ocho patrullas municipales de Orizaba y Estatales, la fundadora del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez fue retenida y encañonada, argumentado que se encontraban en persecución de un Tsuru blanco, automóvil completamente diferente al que en ese momento viajaba la activista.
Debido al constante hostigamiento del que ha sido objeto la defensora, el 20 junio de este 2018 se efectuó una reunión entre la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB, la señora Araceli Salcedo y sus representantes, y el presidente municipal de Orizaba, Igor Fidel Rojí López, en la que los funcionarios del Gobierno Federal solicitaron al Alcalde orizabeño garantizar el derecho de Salcedo Jiménez y de los miembros de su colectivo a ejercer la defensa de los derechos humanos, así como facilitar sus labores y desplazamientos sin ser acosados por los cuerpos policiales en su municipio. Lo anterior fue dado a conocer el pasado 13 de julio, a través de un comunicado, Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien representa a Araceli Salcedo ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
En ese mismo comunicado, se informa que dicho Comité solicitó el pasado 11 de julio al Estado Mexicano la adopción de medidas cautelares de protección tanto para Salcedo Jiménez como para quien estas letras escribe, toda vez que la instancia de Naciones Unidas manifiesta su preocupación ante las graves amenazas de muerte y privación de la libertad de las que un servidor fue objeto el 5 de julio de 2018[9] por parte del exdirector de Gobernación; hechos por los cuales se sigue una investigación en la Fiscalía correspondiente, además de existir una queja ante la CEDH que continúa con el curso adecuado.
Estas son solo algunas de las decenas de hechos denunciados que al señor Gobernador se le “olvidaron” al momento de “sacar la cara” por quien él asegura es un funcionario “eficiente”. Estas son algunas de las decenas de hechos denunciados que no deben caer en el limbo del olvido social, si es que realmente los ciudadanos desean una Orizaba justa. Estos son algunos de los hechos por los cuales se debe seguir exigiendo acciones concretas de mejora, puesto que la sola deposición del funcionario, no garantiza a las víctimas el acceso a la justicia, y ni a la ciudadanía una transformación verdadera de la Policía. Ojalá ni las víctimas ni los ciudadanos permitamos que a las autoridades se les “olvide” quién es de verdad Juan Ramón Herebia.
[2] Rec-32-2018 Pág 6.
[3] Rec-17-2017 Sección VI numeral 26
[4] ibíd págs 6-7
[5] ibíd Sección VI numeral 22 y
[6] Rec-42-2016 Sección I
[7] Íbid.
[8] Recomendaciones 29-2016, 33-2016 y 42-2016