A través de una carta pública dirigida a Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, varias organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, manifestaron su preocupación por la serie de ataques de difamación, desprestigio e invasión a la privacidad dirigidos a la periodista y activista, Jaqueline Campbell Dávila acontecidos entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de este año.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 245 defensoras y periodistas de 24 estados, Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y Artículo 19, organización internacional que vela por la seguridad y defensa de quienes ejercen el periodismo, se unificaron en defensa de Campbell Dávila quien, según relatan en la misiva, ha sido atacada a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, a raíz de la difusión de un video, grabado sin la autorización de la comunicadora, en donde aparece en compañía del también defensor de derechos humanos y obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y otras personas en un espacio público.
La distribución del material que trascendió por varios días estuvo acompañada de encabezados tendenciosos como los siguientes: “Exhiben al obispo Vera en un bar, acompañado por su asistente, Jaqueline Campbell”; “¿Una cerveza? Captan al Obispo Vera de fiesta en un bar”; “Retienen a cliente por grabar al obispo bebiendo en el bar Chachos”; “El obispo Vera; niños, vicios y mujeres”, señala el documento.
Pero lo que a las organizaciones firmantes más preocupa, es una columna de opinión publicada por el Heraldo de Saltillo, firmada por periodista Francisco de la Peña León en la que, al abordar el tema, da a conocer el domicilio particular de la activista. Las ONG´s consideran esta acción preocupante puesto que “presenta una clara violación al derecho a la privacidad, y la carga dolosa de este dato pone en riesgo la seguridad e integridad física y emocional de la defensora Jaqueline Campbell Dávila, ya que preestablece un juzgamiento público en un contexto de intolerancia religiosa, e incitan a un escrutinio social, a partir de los que ella pudiera ser blanco de algún tipo de violencia por parte de terceras personas. El hecho de que haya hecho público su domicilio la coloca en mayor estado de riesgo”, se lee en el documento en donde también se marca copia, al menos, a la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
En el mencionado texto recuerda que Campbell tiene una amplia y reconocida trayectoria en el estado de Coahuila; puesto que desde hace años asesora en temas internacionales y de derechos humanos al Obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López y además ha acompañado a muchas víctimas en infinidad de casos. De la misma manera se resalta que las agresiones contra Jaqueline Campbell se han venido registrando desde hace varios años, y han provenido tanto de autoridades, como de particulares; agresiones que han ido desde campañas de difamación hasta haber estado bajo vigilancia e intimidación por parte de Fuerza Coahuila (corporación de Seguridad Pública del Estado).
Por los hechos denunciados en la epístola, y tras considerar que el riesgo en el que la periodista y defensora fue puesto es muy alto, los firmantes piden:
Al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores, establecer las acciones pertinentes a sus facultades para otorgar medidas de protección a favor de la activista; a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y a la Comisión de Atención a Víctimas, tomar nota de los hechos, abrir la queja correspondiente y solicitar medidas de reparación integral del daño.
Asimismo solicitan al Gobernador Constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, entablar acciones para respetar, garantizar e incentivar el derecho a defender derechos y el derecho a la libertad de expresión.
La periodista Actualmente acompaña el trabajo de defensa de la tierra y territorio en los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente, en relación al basurero tóxico instalado en el ejido Noria de la Sabina, el proyecto de Ciudad Modelo Derramadero y la privatización del agua, además de otros proyectos con distintas temáticas de derechos humanos.