Por Oliver Coronado Paz
Por Oliver Coronado Paz
La mal llamada “mejor policía del país”, fue bajada de su autoimpuesto altar en el que se había subido desde hacía años, bajo el cobijo y la protección de alcaldías que se servían de esta corporación para que hecerle cumplir su función de perro guardián amedrentando, acosando, hostigando y agrediendo a todo aquel que no marchara al ritmo de dichos alcaldes; a todo aquel que no sonriera por estar en Orizaba. En dichos del exalcalde Juan Manuel Diez: a todo aquel integrante de “La cofradía del santo reproche”.
El cobijo, hay que decirlo, también era otorgado por los integrantes de la cámara de comercio local , la cual no desaprovechaba ningún momento para publicar loas a los “vigilantes” de sus negocios. Dicho sea de paso, no hay que olvidar que la mencionada Cámara ha sido presidida por al menos los tres últimos alcaldes orizabeños; de los que hacemos alusión en líneas arriba.
El método de los policías municipales en cuestión, ha sido conocido por las y los orizabeños desde mucho tiempo atrás. Lugareños y fuereños han sabido de las “revisiones de rutina” a transeúntes mal vestidos (a su parecer), que en gran número terminaban en arrestos arbitrarios e ilegales, y con grandes “multas” administrativas que no emitían recibo alguno.
Por supuesto, no olvidemos el actuar de este cuerpo policiaco en contra de los que parecieran ser los “criminales de primer grado” en Orizaba: los vendedores ambulantes, quienes por no pagar un permiso en el ayuntamiento han sido acosados, agredidos y, muchas veces, encarcelados por estos servidores públicos. Casos documentados por la Comisión de Derechos Humanos veracruzana, la prensa local e, incluso, los ciudadanos en las redes sociales sobre este tema hay infinidad… sólo “Googleé” y podrá referir esta información.
Por supuesto que los lugareños y vecinos más o menos informados, ubican dentro de este panorama a un actor importante en esta puesta en escena llamada policía de Orizaba, y protagonista desde antaño de escándalos orizabeños tanto familiares, como económicos que pasan por los políticos y los del ramo de seguridad pública. Claramente hablamos del ex director de gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, que (aunque en el suceso reciente de desarme de la corporación policíaca no ha tenido vela en el entierro, por haber sido este destituido a raíz de una manifestación civil en su contra el 5 de noviembre de 2018, tras el artero crimen que acabara con la vida de dos jóvenes profesionistas ) fue el principal responsable de haber adiestrado a una fuerza policiaca cimentada en el hostigamiento, la violencia y la absoluta violación sistemática de los Derechos humanos de las y los ciudadanos, durante el tiempo en que fungió y en su cargo; adiestramiento del que nunca se pudo reponer dicha institución; posiblemente por tener de sucesor en el mencionado cargo a Erick Morales, quien fuera pieza importante en la administración policíaca de Herebia, además de ser defensor legal.
No por nada la de Herebia, es reconocida como la policía con mayor número de recomendaciones de la Comisión estatal de Derechos humanos en su contra, según datos de la misma comisión que pueden ser consultados en su portal web.
Cuando Igor Rojí, alcalde de Orizaba, signó la carta de destitución de Juan Ramón Herebia aquella tarde en la que el pueblo hizo oír su voz, su fastidio, su cansancio, sólo emulaba al gobernador romano Poncio Pilatos al lavarse las manos tanto con el pueblo, la familia de los jóvenes asesinados y, sobre todo con Herebia Hernández. Por supuesto, sobra decir que el romano tuvo más mérito 2000 años atrás al no quererse responsabilizar de la muerte del inocente nazareno.
Por lo que la historia nos mostró, en ese 5 de noviembre, el traje de Poncio Pilatos, Rojí lo vistió solamente por miedo: al pueblo orizabeño que, enardecido gritaba afuera del palacio municipal y, miedo, seguramente, al mismísimo Herebia. Basta releer dicha carta de destitución en la que el alcalde resalta qué, tal hecho, proviene de un compromiso adquirido con el padre de los jóvenes asesinados; simplemente Rojí, se auto exculpa: “No fui yo quien te corre del puesto, fueron ellos”, debió escribir. Herebia se fue en presencia pero se quedó en espíritu en las prácticas policiales.
No sobra decir que este polémico cuerpo de seguridad y sus mandos superiores, tuvieron muchas, muchas advertencias para poder enmendar su camino y comportarse dentro de lo que su contrato decía: “brindar seguridad al pueblo orizabeño”.
Una de estas advertencias se dio durante las reuniones de colectivos de derechos humanos con Igor Rojí en 2017, primero como candidato a la alcaldía y después ya siendo alcalde electo, en las que se le advertía que la policía municipal era una bomba de tiempo transgresora de los Derechos fundamentales de las y los ciudadanos, que terminaría por explotarle en las manos, llevándose en el camino a la pieza más importante de cualquier gobierno: LOS CIUDADANOS. Con datos y testimonios, se mostró y demostró en esas reuniones, que los procedimientos policiacos eran ilegales; y se le exigía que durante su administración eso cambiara por el bien ciudadano. Se le resaltó la importancia que había en el cambio del Director de Gobernación si es que se deseaba que las agresiones policiacas a los ciudadanos terminarán.
Quién estás letra se escribe fue testigo de lo anteriormente mencionado, y protagonista del diálogo en el que se le recordó al alcalde electo los antecedentes violentos del mencionado director de gobernación Herebia; conocidos públicamente y desde hace varios años gracias a la prensa local. Igor Rojí sólo eludía los comentarios y justificaba lo injustificable.
Lo digo claro: yo estuve presente en esas reuniones; yo fui testigo de la negación de Igor Rojí a un cambio, a un mejoramiento de su policía. Incluso se le ofreció un plan de desarrollo en temas de Derechos humanos que simplemente desdeñó.
Otra oportunidad de cambio ha estado latente, desde años atrás, en las ya mencionadas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos humanos que detallan milimétricamente la forma de trabajo de los municipales. Recomendaciones que demuestran con investigaciones de tipo legal el ya mencionado actuar sistemático en contra de los Derechos humanos y que, de haber existido interés por parte del Ayuntamiento, hubieran motivado cambios estructurales dentro de la corporación.
Y por supuesto las diversas denuncias públicas de las y los ciudadanos a través de las redes sociales también pudieron ser otra oportunidad más. Si bien, ante la informalidad legal de este tipo de denuncias la autoridad está imposibilitada al factor de investigación o al punitivo, sí asientan un precedente de una conducta recurrente que debe servir a un buen administrador público (como supuestamente debe ser un alcalde), para detectar un error en su sistema de administración y buscar formas de enmendar dicho error.
Pero bien reza el dicho: “No hay más ciego que el que no quiere ver”.
Seguramente el señor alcalde Rojí, creyó tener la misma fuerza política ( lo que no siempre significa bienestar para el ciudadno), astucia y contactos poderosos que su predecesor, Juan Manuel Diez, que consideró que las condiciones del actuar policiaco podían seguir en el camino ya mencionado, sin que nada pasara. Pero no. Al parecer, y recordando otro evangelio chiquito: “el hilo se rompe siempre por lo más delgado”; y lo más delgado fue, en esta ocasión, la administración de la “Continuidad”: la gestión de Igor Rojí.
A modo de colofón
Pero, por favor estimado lector, estimada lectora, no se vaya a confundir, no vaya a creer que este periodista está pensando se ha hecho justicia. Nada más alejado. El desarme de la policía municipal de Orizaba, su temporal fuera de servicio y la toma de seguridad de la ciudad por la fuerza estatal y la Guardia Civil, es un claro acto de poder político, un acto de intimidación entre gobiernos. Se pisaron callos que quedaron dolidos y se tenían que poner pomada para refrescar el ardor.
¿O usted cree que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, apenas se enteró de cómo trabajaba la municipal de Orizaba? ¡Claro que no¡, es más que obvio.
Es una lástima que las dos ejecuciones de oficiales estatales de Orizaba, le hayan servido de argumento para sus “investigaciones” y sus intervenciones que, a la distancia se pueden ver con poca claridad legal y, mucho menos, con un mínimo respeto a los Derechos Humanos.
Por supuesto, no se está diciendo que el asesinato de dos elementos de seguridad no sea motivo de investigación y acciones legales profundas: la vida humana lo merece, civiles y funcionarios públicos.
Lo que no se merece es que se tome de bandera para ajustes de cuentas políticas.
No creamos que en la ciudad de Orizaba se va a mejorar la calidad de seguridad porque ya no están los “abusivos” otros; los que llegan tienen tremenda cola que les pisen… y ya lo sabemos.
Este escritor, como idealista qué es, puede creer que en tiempos de elecciones, como los que están por comenzar, la cancha debe ser de las y los ciudadanos. Es un momento importante para reacomodar a los jugadores que queremos en el partido; jugadores a los que se debe pasar por el escrutinio, y poner bajo la lupa, y con ello, tener el valor ciudadano de rechazar a quién descubramos se quiere aprovechar del puesto, al abusivo y al corrupto (aunque nos quedemos con boletas vacías).
Se debe mostrar que el poder es del ciudadano y no de los políticos. Cuando logremos esto, las policías trabajarán por el bienestar de la sociedad y, entonces, dejarán de ser el pedazo del pueblo que usan los “poderosos” para someter al mismo pueblo, pensándose que son de otra clase de pueblo.
Postdata:
Si se quiere la justicia llegué a todas y a todos los integrantes de la sociedad, nos toca exigir al Gobierno del Estado una correcta investigación en el caso de la policía municipal de Orizaba; con estricto apego a la ley y respetando los derechos humanos de los involucrados. Que caiga lo que tenga que caer, pero desde y dentro de la ley, para que exista justicia real, y no sólo política que termina revirándose contra el pueblo y solo cambia de actores que siguen abusando del poder.
El respeto a los Derechos humanos no es un premio obtenido por los actos de los individuos, sino una garantía para el crecimiento de la sociedad.
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