Por Oliver Coronado Paz
**Mujer indígena presuntamente abusada sexualmente por militares en 2007
**Asociaciones presentan posicionamiento ante comunicado de CNDH sobre caso
**Consideran incompleta la postura de la comisión
Cartel que circuló en redes sociales para invitar a la audiencia virtual ante la CIDH el 4 de diciembre de 2020
Al menos cuatro asociaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado su exigencia de justicia en el caso de Ernestina Ascencio, mujer indígena de la sierra Zongolica presuntamente atacada sexualmente por militares del Ejército Nacional, en el año de 2007; agresiones que le ocasionarían posteriormente la muerte[1], que fue registrada de forma oficial derivada de una gastritis crónica.
La asociación Kalli Luz Marina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, así como el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” A.C. (CESEM) se pronunciaron por exigir verdad y justicia en el caso, reparación del daño a los familiares y su comunidad; al igual que demandar no repetición para todas las mujeres indígenas y de toda la sociedad.
Posicionamiento de asociaciones
Lo anterior en respuesta al comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 12 de marzo[2], en el que, a decir del organismo autónomo, “manifiesta su más amplia colaboración y apertura” para brindar las facilidades que permitan esclarecer este caso que, menciona el comunicado de la comisión, “agravia a las mujeres y en general a toda la sociedad mexicana”.
Para las asociaciones defensoras, el comunicado de la CNDH manifiesta una postura diferente a la presentada en su momento durante el 2007, admitiendo fue indebida la actuación de dicho organismo y del entonces Presidente de la República. Además de que no se precisa el alcance ni base legal de la revisión anunciada por la comisión, a la recomendación 34/2007 que se emitió en el año de la agresión sobre el caso.
De la misma forma, reclaman que la acción anunciada en el comunicado de la instancia oficial de Derechos Humanos resulta insuficiente para remediar las consecuencias ocasionadas; pero también son tajantes al decir que, de llevarse a cabo la anunciada acción, deberá llevarse a cabo bajo los estándares más elevados en la materia, con perspectiva de inclusión.
Aunque reconocen es importante que la CNDH manifieste colaborar con el Estado Mexicano y organismos internacionales para esclarecer el caso, aseguran es inaceptable que omitan considerar a los familiares directos de Ernestina Ascencio, y las organizaciones peticionarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para finalizar, aseguran seguir a la espera de que el Gobierno de México “honre su palabra empeñada el pasado 10 de diciembre actuando a la altura que el caso amerita”; afirmando que tal hecho debe traducirse en medidas integrales y coherentes con sus obligaciones que garanticen el Derecho a la Verdad y dignifiquen a las víctimas. Consideran que no cumplirse lo anterior, se estaría generando con tal discurso, un agravio más en contra de ellas, del pueblo indígena y la sociedad.
El caso de esta mujer fue retomado en el año 2011 cuando la CIDH decidió admitir una denuncia en contra del Estado Mexicano, para examinar lo ocurrido a la luz de sus obligaciones internacionales en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación[3], aunque fue hasta diciembre del año 2020 que el gobierno de este país fue llamado a presentar un informe sobre su actuar durante el caso.
[1] https://redtdt.org.mx/ernestina-ascencio-ante-la-cidh/ [2] https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/posicionamiento-de-la-cndh-en-el-caso-de-ernestina-ascencio-rosario [3] https://redtdt.org.mx/la-cidh-examinara-al-estado-mexicano-por-la-discriminacion-y-muerte-de-dona-ernestina-ascencio-asi-como-por-la-impunidad-y-opacidad-del-caso/
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