Ramón Rocha Manilla*
“La política sin la historia, es uno que camina sin guía”
A. Manzoni
El primero de agosto, México se estrenará en el ejercicio democrático de la consulta popular. No llegamos tan temprano a esta dinámica en democracia y derechos humanos. Chile, por decir, emprendió la consulta popular en 1988, consulta que le dijo No al gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, pero que dejó vigente su constitución por los siguientes 33 años; la historia a la política no le deja de enseñar.
Este novo ejercicio democrático en México costará 522 millones de pesos, que es más o menos el presupuesto que el Congreso de Veracruz gasta en sueldos y compensaciones para los 50 diputados y diputadas locales en 32 meses, más o menos durante 2 años y medio. Esta inversión nada despreciable para la democracia mexicana, requiere, para que se haga con provecho, la participación del 40% de los votantes registrados en la Lista Nominal de Electores, esto más o menos significa que debemos votar tan siquiera 37 millones de personas. Pero no se trata de un gasto extra: estos 522 millones de pesos es el colchón que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual, si no se gasta, se puede usar en lo que quiera el Consejero Presidente y los demás consejeros del INE. Si alguien piensa que es un gasto extra, se encuentra equivocado.
Numerosas voces en México, han exigido desde hace muchos años el ejercicio de la consulta popular, ya que es un instrumento usado en diversas partes del mundo y que representa un escalón más a la evolución democrática.
De tal forma, ahora tendremos la primera de muchas, pero aun así hay incomodidad. Mucha de ella se da al confundir que es una encuesta del partido Morena, situación que no es así: es una consulta convocada por el INE, a propuesta del Presidente de la República. Siendo una consulta oficial, es tan natural como un proceso electoral
Pero, por qué el partido MORENA promueve esta consulta, a su manera; pues es porque el fin de esta es presionar a que la autoridad judicial emprenda investigación a los gobiernos federales anteriores. ¿Por qué no la promueve el PAN, PRI y los aliados político?, pues claro, porque la incidencia de enjuiciar a expresidentes de la república, es a exmandatarios de esos mismos partidos.
También se cuestiona que para qué el presidente López Obrador consulta algo que es obvio en términos de justicia. El presidente de la República representa a uno de los tres poderes legales en México: el ejecutivo, los otros dos son el legislativo y judicial (a Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-). De estos tres poderes, el único que puede emprender acciones de justicia es el judicial, no así el ejecutivo o legislativo. La acción legal lógica para que el poder judicial desarrolle las investigaciones que debió haber hecho desde hace más de 30 años, es legitimada y presionada por la Consulta Popular, por ello, es necesario participar.
Como sabemos, la pregunta inicial propuesta para la consulta fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Esta pregunta inicial fue rechazada por el INE y la SCJN, quien, refiriendo que por el derecho de presunción, no se debía mencionar a persona alguna, por lo que modificó la cuestión para ser votada en las 57 mil mesas receptoras de votación de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”…¿Me podría repetir la pregunta?.
Solo lectores especializados lo entienden a la primera. Todo pierde comprensión básica cuando pasa por las manos retóricas de los juristas, quienes, al asegurar legalidad y claridad, pierden encaje en el sentir popular.
Por ello, si con la modificación a la pregunta se pierde el sentido original, las brigadas de MORENA y las ciudadanas buscan etiquetar de todas formas la pregunta poco comprensible de la consulta para cerrarla a decir “SI” al juicio a los gobiernos de los expresidentes de México, de Salinas de Gortari (1988…, hasta Peña Nieto (…2018). Pero las modificaciones al texto de la pregunta, pueden perdernos, pero también encontrarnos. Si la pregunta abre la posibilidad de emprender acciones legales para esclarecer decisiones políticas por actores políticos del pasado, los cuales, pueden ser, además de los expresidentes, otros actores como el Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, o los exjefes de Gobierno de la Ciudad de México. Claro que, recordando la historia chilena, junto con la consulta, la legislatura debe de hacer los cambios estructurales para evitar que las puertas que fueron irrumpidas por los actores políticos del pasado, se vuelvan a irrumpir contra la justicia y los derechos en un futuro.
Si recordamos historia, veremos que el universo de Actores Políticos que han tomado decisiones en México es una pléyades que ni el mismo padre Abraham pudo contar. Así qué, si le parece, ganando la encuesta con el “SI”, podríamos ir pensando qué actores políticos escoge usted para enjuiciar: yo ya escogí a Yunes Linares.
*Médico-Sociólogo investigador, Diputado Suplente por el XX Distrito local Orizaba
gesaludypoblacion@gmail.com @ramonrocha72
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